abril 6, 2020

Emergencia por coronavirus demanda una respuesta integral

El presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Stuardo Ralón, señala que la emergencia causada por el coronavirus requiere una respuesta integral.

El abogado y constitucionalista considera que deben realizarse ajustes en el marco jurídico, laboral y económico para apuntar a tres objetivos en la administración pública: simplificar, transparentar y optimizar.

¿Qué lecciones deja la crisis causada por el coronavirus Covid-19?

En los últimos días, hemos sido testigos del crecimiento exponencial de casos de Covid-19, que pasó de ser un brote complejo en Wuhan, capital de Hubei en China, para convertirse en una pandemia con más de un millón de casos confirmados alrededor del mundo.

Esta crisis global se ha extendido rápidamente y Guatemala no ha sido la excepción. Hoy nos encontramos ante una emergencia sanitaria sin precedentes, en un contexto global de crisis económica y con impactos muy fuertes en los ámbitos de salubridad, sociales y económicos del país.

A pesar de las respuestas urgentes que esta crisis requiere, es importante que estas formen parte de un enfoque integral.

Nuestra Constitución Política de la República cuenta con los principios que permitirían implementar una respuesta coherente y razonable ante el estado de calamidad actual y sus consecuencias posteriores.

Una respuesta integral conlleva la adecuada implementación de medidas, en forma simultánea y gradual, de por lo menos en tres ámbitos: sanitarias urgentes, institucionales y económicas.

Es prioritario sin duda tomar las mejores decisiones sanitarias para que la actual pandemia no se salga de control.

La protección a la vida y la integridad de todos los guatemaltecos debe prevalecer al momento de ponderar situaciones complejas, y la protección de estos derechos fundamentales debe realizarse haciendo todos los sacrificios que corresponda hacer, incluido el económico.

Sin embargo, en forma paralela, deben tomarse otras medidas, por ejemplo las de tipo institucional.  

La crisis dejará en evidencia fallas en nuestras instituciones,  las cuales han sido materia pendiente durante varios años.  Será necesario corregirlas sobre la marcha, para que la limitada cantidad de recursos materiales y humanos puedan ser utilizados en forma eficiente y funcional.

En el ámbito institucional, el país debe reducir gastos superfluos, establecer un censo en cada dependencia estatal tanto del personal presupuestado como del contratado mediante otras figuras legales.

También evaluar los procesos críticos en cada institución; evitar los abusos mediante pactos colectivos y la duplicidad de funciones; valorar las funciones mismas del Estado, para abstenerse de intervenir en ámbitos donde su función no es esencial.

En suma: simplificar, transparentar y optimizar deben ser los verbos rectores para la administración pública.

¿Es oportuno promover el teletrabajo en el sector público?

Empujados por la necesidad, es un buen momento para consolidar el gobierno digital, en todos sus ámbitos.  

Guatemala tiene las condiciones de conectividad que lo permiten y, con las decisiones correctas, esta nueva etapa puede facilitar transversalmente la transparencia, el control de calidad de todos los servicios y eficientizar las actuaciones de la administración pública.

Sobre esta óptica puede también pensarse en iniciar la revolución educativa, lamentablemente postergada para el sistema de educación nacional, plataformas digitales y contenido de vanguardia que mejoren la calidad y abra mayores oportunidades para nuestra niñez y juventud.

Y no menos importantes son las medidas económicas de corto, mediano y largo plazo, que incentiven las inversiones, para mantener y aumentar en forma exponencial los empleos formales en el país, o bien la mayor cantidad de innovación y competencia propios del emprendimiento.

La historia ha demostrado con creces que los máximos niveles de desarrollo van acompañados de los más elevados índices de libertades individuales y sobre esa base también deben tomarse decisiones.

¿Qué ajustes económicos deberían realizarse?

Para el ajuste económico global es necesario que Guatemala cuente con normas flexibles que incentiven la inversión, que permitan la fácil modificación de decisiones económicas ante una nueva realidad, y con ello se evite el desempleo o bien se incentiven las nuevas iniciativas de emprendimiento.

Normas que reduzcan costos de transacción, premien la innovación y la creatividad, enmarcadas en políticas fiscales adecuadas para que en Guatemala sea atractivo emprender y desarrollar una idea, serán muy necesarias.

En este momento difícil para nuestro país, un enfoque integral y gradual de medidas sanitarias, institucionales y económicas deben marcar la ruta.

Uno de los efectos de las medidas integrales, sostenibles en el tiempo, es que dan confianza a la ciudadanía; disminuyen la incertidumbre para la toma de decisiones; pues establecen reglas claras que permiten a las personas evaluar de mejor manera sus opciones para superar la crisis e impulsar luego todas sus capacidades.

Un escenario de condiciones de mayor prosperidad para los guatemaltecos, sin ningún tipo de discriminación y con un enfoque de respeto a la dignidad de la persona, es sin duda posible.

Para ello un entorno de certeza jurídica sobre el respeto a las libertades ciudadanas y sus derechos inherentes es imprescindible, sólo así, cada persona podrá desarrollarse en forma integral. Lo anterior acompañado de mayor eficiencia y actualización tecnológica en los diferentes ámbitos institucionales del país.

El camino no es fácil, pero vale la pena mencionar que a lo largo de la historia, es de los escenarios de crisis de donde han surgido cambios económicos o sociales que han impulsado nuestra civilización.

¿Es necesario impulsar cambios a nuestras leyes o Constitución?

No se necesita una reforma Constitucional o una gran cantidad de regulación. Todo lo contrario se necesita desregulación y ajustes, algunos en leyes ordinarias pero una buena parte de ellos en reglamentos.

Estos ajustes deben ir encaminados al perfeccionamiento de los sistemas de monitoreo y de control, así como la mejora en los mecanismos de evaluación de perfiles de ingreso para la contratación de personal en la administración pública, designación de funcionarios o de contratación de obras o servicios cuando estos los realice el Estado.

Todo debe iniciar con la voluntad política de generar las condiciones, para avanzar en forma integral y a ello darle continuidad.

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